LA JUVENTUD RADICAL SOLICITÓ SE DECLARE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el comunicado remitido a los medios locales la JR pringlense, rememoró la tranquilidad y seguridad que supo caracterizar a Coronel Pringles y marcó su preocupación por el vertiginoso aumento del delito en los últimos años.

Señalaron “un peligroso aumento en el consumo de estupefacientes, incendios deliberados de automóviles en la vía pública, rotura de vidrieras, hurtos y robos, lesiones con arma blanca y una marcada falta de respuesta al flagelo del abigeato en zonas rurales, lo cual se ve rebalsado actualmente con hechos de homicidio en ocasión de robo, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de un vecino conocido y querido por todos, como Abel Contreras”.

Asimismo, destacaron que la seguridad interior “configura el primer deber y objetivo de todo gobierno sin importar su orientación, dado que es el presupuesto de la existencia de todos los demás derechos y libertades, incluyendo el derecho a la vida, honor, dignidad y propiedad de los habitantes”.

A través del proyecto de ordenanza presentado ayer ante el Concejo Deliberante, solicitaron se decrete Emergencia de Seguridad Pública y entre otras cuestiones:

a) se requiera a la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal, arbitrar los medios necesarios a fin de dar celeridad a las investigaciones penales en curso;

b) se  requiera a las autoridades provinciales pertinentes la pronta incorporación a las fuerzas activas de seguridad para la zona;

c) se solicite al Ministerio de Seguridad de la Provincia los recursos necesarios y, del mismo modo, al Ministerio Público Fiscal provincial para que dote de recursos tecnológicos y humanos, y directivas de celeridad investigativa a la ayudantía fiscal de Coronel Pringles y fiscalía de Bahía Blanca, donde se evalúan políticas reticentes de persecución de los delitos comunes.

Por último, destacan “la ausencia de atención y asesoramiento a las víctimas de ilícitos dado que mientras los procesados cuentan con defensores oficiales, las victimas suelen carecer de acceso a sus expedientes y un adecuado conocimiento de sus derechos padeciendo un doble estigma”.

También solicitan al gobierno local, que dentro de sus facultades, “priorice las gestiones en materia de prevención y reclame a las autoridades pertinentes la oportuna modificación de las políticas de prevención del delito en la zona, entendiendo que muchas de estas cuestiones dependen de políticas nacionales y de modificaciones legislativas y judiciales”.

Concluyeron el comunicado señalando el deseo compartido de que hacer de Pringles “nuevamente ese lugar de tranquilidad e integración, donde todos nos conocemos y podamos nuevamente sentirnos seguros”.