La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner con prisión preventiva

El tribunal ratificó que la ex Presidenta dirigió una asociación ilícita para cobrar coimas. Ahora el juez Bonadio pedirá su desafuero. Hay ex funcionarios partícipes de la maniobra.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex Presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.  Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta. 

En tanto, según la Cámara, los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal", por lo que solo fueron procesados por cohecho.

El Tribunal también confirmó el embargo de 1500 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada dedirigir una asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios mantienen "vínculos" con "medios afines, empresarios", y dijo que la ex presidenta "podría entorpecer" la investigación.​

Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

La decisión de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia alcanzó también a Julio De Vido y Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo.

José López, ex secretario de Obras Públicas y aceptado en la causa como arrepentido, quedó procesado también organizador de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo, también con prisión preventiva.

Por otro lado, se confirmó el procesamiento contra el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, indicado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo. Tiene otorgada la libertad por ser el primer "arrepentido" en el expediente.

La larga lista de procesados que convalidó la Cámara incluye a una gran cantidad de empresarios: Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros.

En el caso de Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó  como organizadores de la asociación ilícita y se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra quien seguirá detenido.

Al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, Bruglia y Bertuzzi les modificaron la acusación: sólo les corresponde el delito de cohecho y no el de partícipes de la organización delictiva. 

Entre otras decisiones adoptadas por la Sala I, se revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado sobre Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero (ex Iecsa), Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti. A todos los consideraron partícipes necesarios de la asociación ilícita con varios hechos de cohecho.

Quien quedó exento de la investigación, fue el ex juez Norberto Oyarbide y Javier Fernández. Los camaristas decidieron dictarles la falta de mérito, al igual que a Oscar Parrilli.

En libertad saldrán por orden de la Cámara, Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Hernán del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurian, entre otros.

Según los jueces, se comprobó durante la instrucción que en los años de gobierno kirchnerista se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto, se indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández" entre el 2003 y el 2015.

En dicho período, según se determinó, existió un "pacto ilícito en daño de tercero" entre funcionarios y empresarios que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (...)".

La finalidad de esta "organización delictiva" fue distribuir "coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo".

En la argumentación de los procesamientos que ahora fueron confirmados, el juez Bonadio había detallado que, para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".

Según la resolución judicial, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones "estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos" y la finalidad de todo fue "enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos".

El producido de esos sobornos era utilizado para "sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites".

Durante la instrucción, también se determinó que parte de esos fondos se "desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política", pero se remarcó que esencialmente la mayor porción de los fondos fueron destinados a "engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos del País", es decir: Néstor y Cristina Kirchner.

CLARIN