Resolución oficial suma rechazos por no tener distancia de aplicación

La resolución 246 del Ministerio de Agroindustria bonaerense, que determina pautas para el uso de agroquímicos, cosechó nuevos rechazos en distintos municipios y ONG´s que advirtieron que se trata de una medida de carácter general, sin parámetros concretos para establecer distancias de aplicación.

Si bien la resolución no es obligatoria, invita a los distritos a adherirse ante la inexistencia de una ley que regule el uso de los agroquímicos, y cuando al menos unos 70 distritos cuentan con ordenanzas que establecen diferentes criterios al respecto. Pero la falta de distancias de aplicación establecidas despertó las críticas, debido a que algunas normativas locales son consideradas "más exigentes" que la de la Provincia.
Concejales de Chivilcoy, a partir del pedido de docentes de escuelas rurales y en línea con los reclamos de la Red Federal de Docentes por la vida, presentaron ayer un amparo judicial para frenar la resolución con el patrocinio de la abogada Florencia Casamiquela.
Mientras que hoy presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que regule en todo el partido de Chivilcoy el uso indiscriminado de los agroquímicos.
En los últimos días, unas 300 organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un duro comunicado en el que se oponen con firmeza a la norma, al señalar que "debilita el ya débil control del Estado, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la decisión de con qué y cómo fumigar".
Ante los cuestionamientos, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, defendió la iniciativa, dijo que se trata de una herramienta puesta a disposición de los municipios y destacó que busca "acompañar, ayudar a controlar y poner un orden a las resoluciones que ya existen con respecto al uso de los fitosanitarios".
"Los municipios nos pedían que hagamos algo en relación a este tema", sostuvo Sarquís. Y agregó: "Nosotros sabemos que hay proyectos en la legislatura que pueden avanzar o no, el tema es que hacemos mientras eso pasa".
Entre las principales críticas a la resolución, que entró en vigencia el 1º de enero, figura que el uso de fitosanitarios queda a criterio de "las buenas prácticas" de los productores, más allá de que esboza algunas zonas de amortiguamiento tales "como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales".
"El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar", advirtieron las ONG, que calificaron la norma como "regresiva".
La medida ya había sido cuestionada por diputados de Unidad Ciudadana a principios de este mes, quienes pidieron al Ejecutivo que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
Mientras tanto, la preocupación crece sobre todo en comunidades rurales. Por ejemplo, en Cascallares, una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos, los vecinos hicieron público su descontento con una serie de imágenes sobre la fumigación que se está aplicando en un lote próximo a un barrio del Plan Federal de viviendas, plantearon sus temores y reclamaron más controles.
Cabe señalar que el jefe comunal tresarroyense no firmó el apoyo a la resolución de Agroindustria, a la que sí adhirieron unas 40 comunas durante un acto celebrado en diciembre en La Plata. Desde ese municipio señalaron que debían "analizarlo bien", mientras que crece la polémica en los distritos firmantes frente a los planteos de vecinos y de dirigentes de la oposición