El paro docente afecta siempre a los sectores más vulnerables

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron un paro por 72 horas, por lo que las clases no comenzarán la semana próxima en la provincia, en línea con la medida de fuerza de CTERA a nivel nacional.

Las clases no arrancarán la próxima semana, después que el gremio docente nacional anunciara un paro para los días 6 y 7 y la adhesión al paro internacional de mujeres del 8 de marzo, por lo que habrá 5,5 millones de chicos que en todo el país que verán afectado su comienzo de clases.
CTERA, principal gremio de docentes públicos, dispuso una huelga de 72 horas.
Una vez más, el comienzo del ciclo lectivo en las escuelas públicas vuelve a ser traumático para todos los argentinos. La amenaza de un paro docente en los primeros dos días de clase, pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo, considerado en forma unánime como herramienta estratégica para el desarrollo y medio irreemplazable para el acceso igualitario de las personas a la dignidad y la calidad de vida.
Los paros docentes, justos o no, afectan a la calidad educativa de la escuela argentina.
Los gremios van al paro porque consideran que la inflación ha erosionado sus ingresos, que el salario inicial está por debajo de la línea de la pobreza y que la propuesta de aumento no lo recompone.

Más allá de las eventuales motivaciones políticas de la medida de fuerza, o de errores en la negociación, es claro que la controversia no puede resolverse al precio de la pérdida de días de aprendizaje para los alumnos.
Las leyes educativas consagran principios y establecen cláusulas que hoy, evaluando la educación como un bien público, no se están observando.
La legislación reivindica el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional”, señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado y ordena garantizar la inclusión educativa a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
Este mandato es perentorio para los funcionarios, que deben poner el mayor esfuerzo en este objetivo, pero también para los educadores y sus gremios.

Ninguna de las partes tiene derecho a cortar el diálogo y politizar el conflicto, porque como se desprende del texto legal, los alumnos más afectados por un paro pertenecen a esos “sectores más desfavorecidos”.
Es necesario asumir la deuda histórica en materia de calidad educativa, profesionalización docente y plena inclusión social. Este déficit no se resolverá en términos de conflicto y mucho menos de guerra, como se habla en estos días, sino con diálogo, sensatez y respeto, especialmente, por los alumnos.

La cuestión toma fuerza en un país como la Argentina, donde los sindicatos docentes figuran en el segundo puesto de los más conflictivos del país, luego de los vinculados con la administración pública.
En la educación pública, un día menos de clase afecta en especial a los alumnos de menores recursos que no tienen otra alternativa que resignarse a aprender menos.

Pero, ¿cómo salir de la encrucijada? Por un lado, los maestros reclaman su derecho a cobrar un sueldo digno sueldo obligación que no cumplen muchas jurisdicciones del país.
Y, por otro, están los chicos que, rehenes de la situación, pierden días de clases y como consecuencia tienen menos posibilidades de acceder a una mejor calidad de la enseñanza. Los gremios y los gobiernos parecen no haber encontrado aún un camino para resolver este problema.

Una vez más, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron hoy un paro por 72 horas, por lo que las clases no comenzarán la semana próxima en la provincia, en línea con la medida de fuerza de CTERA a nivel nacional.