Escándalo en Claromecó: el hijo de un fiscal volvió de Brasil y entró al pueblo sin autorización

El joven, hijo del doctor Carlos Lemble, habría ingresado en la localidad para hacer la cuarentena, pese al cierre preventivo dispuesto hace unos días. El delegado municipal renunció y los vecinos explotaron.

Una masiva manifestación espontánea de vecinos de Claromecó motivó esta noche que el hijo del fiscal Carlos Lemble, quien aparentemente habría ingresado sin autorización a la localidad tras retornar desde Brasil, se fuera del lugar escoltado por la policía.

   El escándalo había generado, horas antes, la renuncia del director del Organismo Descentralizado Claromecó-Servicios Turísticos (el delegado del intendente de Tres Arroyos), Carlos Ávila, quien habría querido contener el acceso del joven, pero sin éxito. 

   El conflicto se desencadenó porque el jueves pasado se dispuso el cierre preventivo del acceso a la localidad por un caso positivo de coronavirus.

   "Motiva la presente el sentimiento de haber fallado a mis principios al no poder cumplir con el compromiso asumido de defender y cuidar a mi pueblo ante esta pandemia que estamos enfrentando", dice una parte de la carta que Ávila dirigió al jefe comunal Carlos Sánchez.

   Esa situación provocó la indignación de muchos vecinos autoconcovados en Claromecó, que se dirigieron en sus autos (marcha de bocinazos) y a pie hasta la vivienda donde estaba confinado el hijo de Lemble.

   Allí tuvo que presentarse la policía, para evitar que la situación pasara a mayores.

   Después de varios minutos de gritos y cánticos, el joven, finalmente, se retiró del lugar a bordo de una camioneta Toyota blanca, doble cabina, escolado por la policía.

   No fue confirmado pero trascendió que, en principio, lo llevaron hacia Tres Arroyos.

   El fiscal Lemble había sido blanco de una violenta pueblada en Tres Arroyos, a fines de junio de 2004, luego de la muerte del joven Cristian Ferretti, quien falleció durante una pelea a la salida de un boliche,

   Lemble, junto con el juez de Garantías Rafael Oleaga fueron prácticamente obligados a abandonar sus lugares de trabajo y tratados de manera violenta por los manifestantes, quienes exigían el esclarecimiento del delito y más seguridad para la ciudad.

   El hecho -incluyó desmanes y destrozos- fue tan grave que derivó en la destitución del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en la condena de algunos de los reclamantes.

LA NUEVA