Diputado de la Sexta pide derogar la ley que exige la expresión "30 mil desaparecidos"

 El diputado bonaerense Guillermo Castello (Avanza Libertad) insiste en tratar en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para derogar una ley que exige a los funcionarios públicos referirse como "Dictadura Cívico Militar" al último gobierno de facto y "30 mil desaparecidos" al referirse a las víctimas de dicho proceso iniciado el 24 de marzo de 1976.

   Para el funcionario, se trata de una "violación a la libertad de pensamiento y expresión". La inciativa ya había sido presentada en 2019 cuando era parte del bloque de Juntos por el Cambio, aunque Castello insiste en avanzar con la idea.

   La ley 14.910 fue sancionada en marzo de 2017, días antes de la conmemoración del 24, con 91 diputados a favor y solo Catstello en contra  y establece: "Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

  "En defensa de la memoria completa y la verdad no impuesta por el estado y la justicia imparcial, hoy presento nuevamente el proyecto para derogarla nefasta ley 14.910 que obliga a utilizar la expresión 30.000 desaparecidos en toda documentación y acto oficial", escribió en Twitter el diputado.

En 2019 al presentarla ya había dicho que "cuestiono la cifra, me parece que eso no responde a la verdad ni siquiera a los datos que tiene el gobierno actual ni los que tenía el propio kirchnerismo que sancionó esta ley. Más allá de eso, está mal congelar un número por más que sea simbólico: si un historiador recibe un subsidio y quiere estudiar la historia argentina y tiene que callarse en ese caso, o no puede investigar. Congela la historia. Es algo muy grave y los diputados no lo advirtieron cuando la aprobaron. Con el tiempo, aparecieron algunas cuestiones que surgieron para cuestionar la ley, esta imposibilidad de discutir la historia que la mayoría de la gente no está de acuerdo", sostuvo el diputado.

   "La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso", detalló el legislador en el proyecto.

   La propuesta refiere a que "sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros".

   "La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal", consideró Castello.

Fuente: "Perfil y La Nueva"