Caso Del Valle: agravan la acusación contra el hombre detenido en Saavedra

Alberto Martín Del Valle, quien permaneció prófugo durante 15 años por una causa de abuso sexual, afrontará una nueva indagatoria por insolvencia alimentaria fraudulenta hacia sus cuatro hijos. Permanece alojado en la cárcel de Saavedra.

La situación procesal de Alberto Martín Del Valle (56) sumó un nuevo capítulo en los tribunales bahienses. Mientras la Justicia debate si la causa principal por abuso sexual contra una menor prescribió o continúa abierta, la fiscalía resolvió agravar la imputación que pesa en su contra por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

La indagatoria fue fijada por el Ministerio Público Fiscal para este viernes al mediodía de manera telemática, por lo que el imputado comparecerá a través de videoconferencia desde la Unidad Penitenciaria de Saavedra, donde permanece alojado.

Quince años prófugo y debate por la prescripción

Del Valle permaneció en la clandestinidad durante más de una década y media, hasta que fue localizado y aprehendido a fines de agosto en una vivienda de Florencio Varela.

Pese a la gravedad de la acusación de abuso, dos jueces de Garantías dictaminaron en primera instancia que la acción penal se encuentra prescripta por el transcurso de los plazos legales (más de 12 años). No obstante, la parte querellante apeló dicha resolución, por lo que la decisión final recae ahora en la Cámara Penal de Bahía Blanca.

Maniobras para ocultar patrimonio y evadir cuotas alimentarias

De forma paralela, Del Valle quedó tras las rejas por adeudar la manutención legal de sus cuatro hijos —incluida la niña nacida como consecuencia del abuso investigado—. Si bien inicialmente la acusación correspondía a la figura básica de la Ley 13.944, los investigadores incorporaron pruebas determinantes que encuadran el caso en el artículo 2 bis de dicha normativa, que contempla sanciones más severas.

Según detalló el diario La Nueva., a partir de informes bancarios, movimientos en plataformas comerciales como Mercado Libre y testimonios clave, se acreditó que el imputado utilizaba cuentas a nombre de su madre y de su actual pareja para ocultar sus ingresos y evitar registrar bienes a su nombre.

Una pena que podría ser de cumplimiento efectivo

El marco legal prevé penas de 1 a 6 años de prisión para quien destruya, oculte o disminuya fraudulentamente su patrimonio para eludir obligaciones de alimentos.

Al configurarse un concurso real por los cuatro hechos correspondientes a cada uno de sus hijos, la escala penal en expectativa se acumula, lo que podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo en caso de confirmarse la carátula agravada.