La ruta de los contratos truchos en la millonaria estafa al Astillero Río Santiago

La declaración de un Contador Público instructor de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires reveló cómo fue la maniobra utilizada para generar millonarios desvíos de fondos del Astillero Río Santiago (ARS) durante los años 2012 y 2013, en el marco del juicio oral a cargo de Tribunal Oral Criminal I de La Plata. Por este hecho es juzgado uno solo de los procesados, el resto presentó un acuerdo de juicio abreviado que deberá ser resuelto por el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
En el banquillo de los acusados iban a estar el expresidente del ARS Héctor Scavuzzo junto a Rodolfo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio y el empresario Roberto Fiocca.
Las defensas de estas personas procesadas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y comenzar a reparar el daño generado, tal como informó ese medio.

En el juicio oral que impulsan los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo es juzgado el exjefe de Gabinete del Ministerio de la Producción, Andrés Omar Ombrosi. Está acusado de suministrar curriculums e información con la que se realizaban los contratos truchos que eran utilizados para desviar dinero de la empresa naval pública bonaerense.

En la audiencia de este miércoles 10 de agosto declaró el contador Fabio Gabriel Morzilli quien se desempeña como instructor en la Policía Judicial bonaerense. El profesional dio detalles precisos de cómo se realizaba la maniobra con la que se sospecha se apoderaron de más de 16 millones de pesos. En 2012 el precio del dólar oficial era de $4,62 mientras que en 2013 (cuando se descubrió la maniobra) la divisa norteamericana cotizaba a $5,26.

El profesional participó del allanamiento en el Astillero y en el análisis de la documentación secuestrada en ese procedimiento. Del área de liquidaciones de sueldos y jornales secuestraron documentación de personal superior (donde se produjo la maniobra), de jubilaciones, convenios y becas. En los legajos de jubilados, personal de planta y becados no se encontraron irregularidades. La mirada se posó en los nombramientos de personal superior que percibían suculentos salarios, que se pagaban en efectivo, no estaban bancarizados y se los denominaba "ensobrados".

La maniobra consistía en la confección de contratos falsos realizados con datos de personas que en la mayoría de los casos nunca se enteró que figuraba empleada con el gigante naval de Ensenada. Las remuneraciones de esas locaciones de servicios temporarias hechas a espaldas de esas personas fueron cobradas, se sospecha, por los acusados que solicitaron el juicio abreviado.

Durante la etapa de instrucción el fiscal Paolini y el contador Morzilli tomaron decenas de declaraciones testimoniales en La Plata y Mar del Plata. Pero había personas que figuraban contratadas por el Astillero en diversos puntos de la geografía bonarense: Pringles, Berisso y Bahía Blanca, entre otros.

Según se estableció, desde la presidencia del ARS le pedían a Ombrosi datos de personas para confeccionar esos contratos. El acusado solicitaba curriculums y fotocopias de DNI con la excusa de gestionarles un trabajo en el Ministerio de la Producción, pero se trataba de un engaño. Muchas de esas personas luego aparecieron cobrando de parte del ente público. Para el testigo se trató de una maniobra "burda" ya que "con muy pocos datos se hacía figurar que una persona trabajaba".

El profesional también recordó que a poco de empezar la causa desde el Banco Provincia le informaron que todos los meses mandaban un camión de caudales con efectivo al Astillero. En ese momento "se pagaban más de un millón de pesos mensuales con este sistema", señaló.

RECLUTAMIENTO
Dos diseñadoras en comunicación visual también declararon en el juicio. Una de ellas fue compañera de trabajo de acusado, quien le pidió curriculums y fotocopias de DNI de personas que quisieran trabajar en un programa nuevo de la cartera de Producción. La testigo le avisó a dos colegas suyas y enviaron sus datos. Al poco tiempo una de ellas tuvo problemas con la obra social del monotributo porque figuraba como empleada del Astillero, afiliada a IOMA.
Esto encendió las luces de alarma de las mujeres. La testigo se comunicó con Ombrosi para exponerle la situación y pedirle alguna explicación. A los pocos días el acusado le entregó una nota en papel membretado del Astillero donde se informaba que su amiga había sido dada de baja de la planta de personal.

La próxima audiencia del debate será este jueves. La defensa a cargo del abogado Juan Pedro Cháves adelantó que su asistido quiere declarar en el juicio. Cabe aclarar que además de dar su versión Ombrosi será sometido a las preguntas de la fiscalía de juicio, de la Fiscalía de Estado en su rol de particular damnificado y, eventualmente, a las consultas aclaratorias de los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo.

LA CAUSA
La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo. Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.
"Entre los meses de enero de 2012 y diciembre de 2014, el presidente de Astillero Río Santiago, con la colaboración de otras personas, sustrajo de acuerdo a la figura de Peculado importante suma de dinero bajo el disfraz de falsas contrataciones de distintas personas que hacía figurar cumpliendo distintas funciones en el área de Presidencia, y otras áreas cercanas", dijo el fiscal Paolini.
Según confirmó, la causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.
Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación. Los otros aprehendidos, considerados por la Justicia como "colaboradores necesarios" fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.
Fuente: 0221