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Astillero Río Santiago: 

Denunciaron graves irregularidades durante la gestión del último presidente

31/07/2018
Denunciaron graves irregularidades durante la gestión del último presidente

El actual administrador, Daniel Capdevila, solicitó que se investigue el delito de »administración fraudulenta agravada» y, en caso afirmativo, se determine quiénes fueron los culpables.

 

El titular de Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, denunció ante la Justicia lo que calificó como «gravísimas maniobras» en el ente durante los dos últimos años de la gestión del pringlense Héctor Scavuzzo, en 2014 y 2015.
   El presidente del consejo de administración inició una causa penal por «administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de administración pública» y, sin nombrar a Scavuzzo, solicitó que «se proceda a la individualización de cada uno de los autores, coautores, partícipes necesarios, partícipes secundarios y/o encubridores» de los delitos que sean constatados.
   Según Capdevila, hubo una «administración dolosa» en el astillero, responsable de «gravísimas maniobras» y «actos administrativos irregulares», los cuales derivaron en el desvío de «ingentes sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Ensenada» y de «contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio de Astillero Río Santiago».
   »Las conductas acarrearon graves perjuicios económicos, algunos claramente evidenciados, y otros que seguramente se irán descubriendo a lo largo de la instrucción», sostuvo.
   »En tal sentido, hay indicios de la existencia de otras irregularidades tales como, vehículos utilizados a nombre de otras personas, viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos (en el caso al Frente para la Victoria), proveedores ligados a empleados, etc», enumeró en su denuncia.
   Entre las erogaciones a ATE «sin respaldo legal alguno», Capdevila citó desembolsos por 701.920 pesos en 2014 y por 18.560.000 pesos en 2015. Según señaló, corresponden a un presunto acuerdo entre el gremio y Astilleros que no habría sido homologado por el ministerio de Trabajo.
   Estos pagos -alertó- incluso fueron objetados por el Tribunal de Cuentas.
LA NUEVA

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