Chivilcoy: murió al escapar de un control de tránsito y su familia reclama $100 millones al Municipio

La acción judicial por “daños y perjuicios” contra la Municipalidad de Chivilcoy fue iniciada el 2 de septiembre por Ariel Delasavia y Mariana Rojas, padres del joven. Según el abogado, la presentación “pone en debate la delgada línea entre el accionar de los agentes públicos y la responsabilidad del Estado”, y responsabiliza a los inspectores municipales cuya persecución “ilegal e irregular” habría provocado el desenlace fatal.

“Cuando una función pública se ejerce de manera anormal, negligente o excediendo las facultades, el Estado debe responder por los daños”, remarcó Langone. Sostuvo que los agentes persiguieron a Maximiliano “a alta velocidad y en contramano, acción no autorizada por su superior según consta en la causa penal”. Para el letrado, esa maniobra “negligente e imprudente” generó un riesgo “innecesario y desaprobado”, que culminó en el choque de la motocicleta Gilera Smash contra una camioneta Toyota.

Langone agregó que “no hay monto que supla la muerte de un hijo de 18 años, y menos en estas condiciones. La jurisprudencia bonaerense reconoce que la muerte violenta de un hijo por un acto ilícito estatal provoca un sufrimiento incalculable, un daño moral que no puede reducirse a una suma simbólica”.

El siniestro ocurrió el 17 de febrero de 2023, cerca del mediodía, en avenida Güemes y Bomberos Voluntarios. Según la investigación, Maximiliano circulaba en contramano mientras era perseguido por tres móviles de la Dirección de Tránsito y terminó impactando de frente con la camioneta.

Elevación a juicio

A mediados de agosto, la familia fue notificada de la elevación a juicio de los imputados, tres agentes de Tránsito. “Pese a la oposición de la defensa y su pedido de sobreseimiento, el Juez de Garantías resolvió enviar la causa a juicio”, explicó Langone. El expediente fue remitido al Juzgado Correccional sorteado “para que se determine en etapa plenaria si los hechos configuran el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público (arts. 45 y 248 del Código Penal)”.

De acuerdo a la resolución, hay elementos que permiten presumir que los agentes persiguieron al joven excediendo la velocidad y en contramano por varias calles, utilizando tres móviles oficiales (Volkswagen Saveiro dominios AE534VP, AB651ZF y AB651ZE). Además, tras el choque fatal, “la escena no fue preservada: no se controló el tránsito, no se valló el lugar y los móviles se retiraron sin colaborar con la Policía”, detalló el abogado.

Estos hechos, advirtió, vulneran la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y exceden las facultades municipales, configurando incumplimiento de deberes.

Además, agregó que el secretario de Seguridad Municipal confirmó que “la persecución no fue una directiva institucional ni hubo actuaciones administrativas que la avalaran”. El juez también descartó que hubieran actuado bajo “error vencible” o “desconocimiento de la ilicitud”, al remarcar que “como funcionarios públicos, conocían las normas y tenían la obligación de cumplirlas”.

Langone concluyó que el caso “apenas comienza en esta nueva etapa” y que no sólo definirá si el municipio es responsable por el accidente, “sino que también sentará un precedente sobre el alcance de la responsabilidad estatal y la valoración económica del dolor y sufrimiento humano en la justicia”.

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